18 Jul Los Bufetes de Abogados y las Organizaciones sin Fines de Lucro son Socios Importantes en la Lucha contra el Odio

“No fue un accidente que el ataque ocurriera en el Freedom Trail”, dijo Licha Nyiendo, de Human Rights First, en referencia a un incidente en el que neonazis golpearon a un hombre negro. (Joe Porrello / The CC Pulse)

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Nota del editor: La Conferencia Mundial para Erradicar el Odio comenzó en 2021 en respuesta al tiroteo masivo en la sinagoga Tree of Life. The CC Pulse estuvo allí por primera vez el año pasado como parte de nuestra cobertura de Detengamos el Odio.

Por Joe Porrello

PITTSBURGH – La representación legal de las víctimas de odio ha sido y seguirá siendo fundamental para reducir el extremismo violento, afirmaron expertos en un panel de la Conferencia Mundial para Erradicar el Odio 2023.

Este tema es personal para uno de los panelistas, el abogado Daniel Kramer, cuyo cuñado, el doctor Jerry Rabinowitz, fue una de las 11 víctimas del tiroteo de 2018 en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh.

Rabinowitz atendió a pacientes con VIH en una época en que los infectados solían sentirse sin esperanza o eran maltratados por los profesionales de la salud. Ahora, Kramer ayuda a víctimas al igual que su cuñado creando un bufete con un grupo de abogados dedicados a llevar casos contra extremistas violentos.

A la hora de minimizar el fanatismo, los litigios llegan tarde en el proceso, formando solo una pequeña parte de la respuesta, pero siguen siendo cruciales, dice Kramer.

Paul, Weiss, el bufete de abogados para el que trabaja Kramer, ayudó a ganar 26 millones de dólares en daños para las personas que resultaron heridas en la manifestación “Unite the Right” de 2017 en Charlottesville, Virginia, y fue parte de la sentencia que terminó con el grupo de odio Proud Boys pagando más de un millón de dólares por irrumpir en los terrenos de una iglesia históricamente negra de 186 años de antigüedad y quemar un cartel de Black Lives Matter en el 2020.

Kramer dijo que es fundamental trabajar con grupos de derechos civiles y organizaciones sin fines de lucro en la defensa contra el extremismo violento ya que son una “increíble fuente de conocimientos” con “botas en el terreno”.

Uno de estos grupos es Human Rights First, una organización sin fines de lucro que se enfoca en los crímenes motivados por el odio a través de su Programa de Lucha contra la Discriminación y su Equipo de Política Extremista.

La abogada Licha Nyiendo, con experiencia en juicios y apelaciones y anteriormente comisionada de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, es la directora jurídica de Human Rights First. El grupo recientemente se asoció con el bufete privado Foley-Hoag en un caso contra la milicia nacionalista blanca Patriot Front, cuyos miembros fueron demandados por agredir presuntamente a un hombre negro en Boston en 2022.

El músico Charles Murrell III se dirigía a Copley Square para tocar el saxofón, algo que era una rutina habitual, cuando, según afirma, cientos de neonazis que marchaban tocando tambores lo eligieron entre la multitud y lo golpearon con escudos caseros, según Nyiendo.

Murrell, hospitalizado con heridas sufridas en el Freedom Trail durante el fin de semana del Día de la Independencia, todavía sufre dolores emocionales, según Nyiendo.

“No fue un accidente que el ataque ocurriera en el Freedom Trail; creo que Patriot Front lo planeó de esa manera”, dijo Nyiendo.

El tribunal dictó un acto de rebeldía contra Patriot Front por no responder a la demanda, según Human Rights First.

Nyiendo, al igual que Kramer, afirma que es fundamental el trabajo en equipo del derecho y la abogacía en los casos de derechos humanos. Dice que toda organización sin fines de lucro vinculada a los derechos civiles o humanos requiere abogados que ofrezcan servicios pro bono.

“Hasta el momento, ha sido increíblemente beneficioso para mi organización sin fines de lucro asociarse con un bufete privado”, dijo. “Tienen una gran cantidad de recursos que pueden ofrecer”.

Nyiendo explicó la importancia de litigar contra un grupo y no contra un individuo para quitar los cimientos del movimiento. Human Rights First también aborda las raíces del problema al descubrir las fuentes de financiación de los extremistas violentos, con la ayuda de una empresa de investigación que presta sus servicios para localizar los activos de los grupos de odio.

El abogado Justin Herdman ha investigado y procesado a terroristas domésticos como Patriot Front durante casi 20 años. Comenzó como miembro de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y comenzó a trabajar en la Fiscalía aproximadamente una semana después de los disturbios de Charlottesville, Virginia, en el 2017.

Herdman trabajaba en la Oficina del Norte de Ohio, por lo que una de sus primeras prioridades fue el neonazi de Toledo, Ohio, responsable de la muerte de Heather Heyer y de las heridas causadas a otras 35 personas con su vehículo en los disturbios.

Entre las numerosas amenazas terroristas nacionales que vio en su nuevo puesto, destacaba una.

“Entre las amenazas que observé en ese momento destacaban las de supremacistas blancos y neonazis”, dijo.

Sin embargo, esas amenazas no fueron precisamente el centro de atención del FBI cuando Herdman se reunió con ellos en el 2017.

“Me sorprendió que cuando se trataba de investigaciones enfocadas a supremacistas blancos o neonazis me dijeran que no había fondos”, dijo. “Dejé muy claro que esto tenía que ser una prioridad para nosotros”.

Herdman dijo que en aquel momento el FBI estaba pasando de mitigar el terrorismo internacional a enfocarse en las amenazas nacionales, pero que en la actualidad está más enfocado en la actividad de los grupos de odio en Estados Unidos.

“No es perfecto y estoy seguro de que existen disparidades regionales en la forma de abordar este asunto por parte de las fuerzas del orden”, afirmó.

Tras su salida de la Fiscalía en 2021, y el tiroteo en una tienda de comestibles de Buffalo, Nueva York, en el 2022, que tuvo una fuerte implicación racial, Herdman compareció ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos para instar a las autoridades federales a impedir la acción de extremistas violentos mediante una estrecha colaboración con las fuerzas del orden en las comunidades amenazadas.

Herdman citó como ejemplo de la importancia que pueden tener las fuerzas del orden y los transeúntes para limitar la violencia motivada por el odio una amenaza en Internet contra un centro comunitario judío de Youngstown, Ohio, que fue bloqueada por la policía local.

Un agente que respondía a una llamada no relacionada con el caso fue interceptado por un ciudadano preocupado que le mostró una publicación en Internet con la foto de un hombre que sostenía una ametralladora de la época nazi con el centro comunitario de fondo.  El agente se lo comunicó al FBI.

“En menos de 36 horas, estábamos jurando órdenes de registro y movilizándonos para detener a este individuo”, dijo Herdman. “Como la amenaza era tan grave, no podíamos correr el riesgo de dejar a este individuo en la calle”.

El culpable, quien también fue fotografiado en los disturbios de Charlottesville, estuvo bajo custodia de la policía durante aproximadamente dos años antes de su comparecencia. Fue condenado a 41 meses de prisión, pero cinco meses después quedó en libertad con la condición de no asociarse, comunicarse o interactuar con nadie que promoviera o debatiera el nacionalismo blanco o la supremacía.

Existe una línea entre lo que está y lo que no está protegido por la Primera Enmienda que debe ser cuidadosamente equilibrada para entablar un litigio contra extremistas violentos, según Herdman.

“Queremos hacerlo legalmente dentro del equilibrio de la Constitución, pero la aplicación de la ley debe estar en posición de avanzar en un caso que sea enjuiciable en esas circunstancias”, dijo.

Herdman señaló casos como el de Reardon como un ejemplo de eficacia y observó que la obtención de condenas después de que se cometan actos terroristas es demasiado tarde: “En ese momento ya se ha perdido”, afirmó.

James Felte, de la Sección Penal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, asegura que el problema y la solución van más allá de cualquier organización o colaboración de iniciativas.

“Si pensamos en lo que pretenden los grupos de odio y los individuos que adoptan estas ideologías, son intrínsecamente divisivos”, afirmó. “Desde una mayor perspectiva, es necesario que como nación nos unamos y no toleremos este tipo de delitos.

 Este recurso cuenta con el apoyo total o parcial de fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca Estatal de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos de Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Detengamos el Odio. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, visita CA vs Hate.