09 Jul San Pablo Reafirma Su Compromiso Con Proteger a Inquilinos, Pero Tiene Otras Prioridades
Por Samantha Kennedy
El Concejo Municipal de San Pablo reafirmó el 1 de julio su compromiso de seguir explorando protecciones más fuertes para inquilinos, aunque varios miembros cuestionaron si estas nuevas medidas son necesarias o si realmente marcarían una diferencia.
La vicealcaldesa Elizabeth Pabón-Alvarado, por ejemplo, preguntó qué utilidad tendrían protecciones adicionales si los propietarios ya ignoran la ley estatal, y culpó a los abogados de inquilinos por no proteger adecuadamente a los residentes.
La concejal Rita Xavier dijo que la ciudad “realmente necesita investigar” la afirmación de que el control de alquileres causa falta de vivienda, y mencionó haber recibido “una larga lista” de correos electrónicos en contra de dicha política. “Creo que saben a lo que me refiero”, dijo.
Tanto Pabón-Alvarado como Xavier y el alcalde Arturo Cruz apoyaron el compromiso de avanzar en ciertas protecciones. Solo el concejal Abel Pineda, quien habló extensamente sobre la necesidad de apoyar a los inquilinos y calificó la medida como “redundante”, votó en contra. La concejala Patricia Ponce estuvo ausente.
El compromiso renovado incluye priorizar la exploración de protecciones contra desalojos sin causa justa que vayan más allá de la ley estatal, además de medidas contra el acoso a inquilinos. Esta decisión se da casi tres meses después de que el concejo agregara formalmente estas propuestas a su lista de prioridades municipales.
La reunión especial del martes atrajo tanto a inquilinos como a propietarios, con la mayoría de los comentarios enfocados en la posible implementación de control de rentas. Antes de la reunión, algunos inquilinos se manifestaron junto al grupo Rising Juntos en apoyo a mayores protecciones.
“Cada vez que entro en estas cámaras del concejo, siento que siguen ignorando a esta comunidad en cuanto a participación e inclusión”, dijo Sarah, una residente de San Pablo que no dio su apellido. “Nuestras comunidades están siendo atacadas (a nivel estatal y federal), y necesitamos líderes que realmente den la cara”.
Este esfuerzo por parte de defensores de inquilinos ocurre más de un año después de que no lograran reunir suficientes firmas para incluir el control de alquileres en la boleta electoral de noviembre pasado. Dicha campaña surgió como respuesta a la “inacción” del concejo sobre el tema, según dijeron previamente a El Tímpano.
El administrador de la ciudad, Matt Rodríguez, dijo que los costos de operar y hacer cumplir un programa de control de rentas no eran “muy prácticos” solo para “ahorrarle unos cuantos dólares a alguien”.
Rodríguez hizo referencia a un análisis fiscal que comparó el control de rentas estatal con una posible ordenanza local que permitiría aumentos anuales de hasta el 5%. Según la ciudad, la ley local solo ahorraría unos $26 al año por inquilino en comparación con la ley estatal.
También afirmó que los inquilinos en San Pablo no estaban bien informados sobre los impactos potenciales del control de rentas en la ciudad.
Sin embargo, defensores y expertos como Ethan Silverstein —abogado de derechos de inquilinos de Movement Legal y con experiencia en ordenanzas similares en el Este de la Bahía— afirmaron que mucha de la información proporcionada por el personal municipal era incorrecta.
Silverstein rebatió, por ejemplo, la idea de que el control de rentas impide el desarrollo de nuevas viviendas, ya que estas leyes no se aplican a construcciones nuevas.
También dijo que no era cierto que las comunidades necesitaran más “educación” sobre estas protecciones.
“Somos expertos en estas leyes. Las estamos litigando en los tribunales”, dijo al concejo.
El alcalde Cruz y la vicealcaldesa Pabón-Alvarado defendieron al personal municipal, diciendo que confiaban plenamente en el trabajo del administrador de la ciudad y otros empleados.
“San Pablo ya tiene una de las rentas promedio más bajas del oeste del condado comparado con Richmond, El Cerrito, Pinole y Hercules”, dijo Cruz. “Es una de las ciudades más seguras”.
Agregó que él mismo fue inquilino en el pasado y que tuvo que hacer ajustes, como cancelar el cable, para poder cubrir sus gastos.
Según Kieron Slaughter, gerente de desarrollo económico y vivienda de la ciudad, el alquiler promedio en San Pablo era de $2,000, pero ha subido a $2,100. Esto sigue siendo más bajo que en Richmond ($2,100), El Cerrito ($2,500) y Pinole ($2,175). En Hercules, el promedio es más bajo, con $1,700.
El concejal Pineda dijo que el verdadero problema era que, aunque los costos —incluyendo el alquiler— siguen subiendo, los sueldos de los inquilinos no necesariamente aumentan al mismo ritmo.
San Pablo no cuenta con una ordenanza propia sobre salario mínimo, lo que significa que se aplica el mínimo estatal.
Desde principios de año, el salario mínimo en la ciudad es de $16.50 por hora, un aumento de poco más del 3.1% con respecto a 2024. El estado ajusta este monto cada año según el índice de precios al consumidor, y el aumento anual no puede superar el 3.5%.
Los trabajadores de comida rápida y algunos del sector salud tienen salarios mínimos más altos, en su mayoría superiores a $20 por hora.
La ley estatal actualmente permite aumentos anuales de renta de hasta 5% más el índice de inflación, pero no más del 10% total. Según Slaughter, en San Pablo los aumentos pueden llegar hasta el 8.4%. A partir del 1 de agosto, el límite en el condado será del 6.3%.
Si la ciudad aprobara una ordenanza de estabilización de rentas adicional a las protecciones estatales, Slaughter estimó que costaría alrededor de $1.2 millones anuales para operarla y aplicarla.
Incluso si el concejo aprobara dicha política, iría en contra de una resolución anterior que limita el gasto municipal hasta el 30 de junio de 2027, o hasta que se generen $1 millón adicionales en ingresos para el fondo general.
Y aunque se lograra reunir ese dinero, el concejo ya ha establecido otras prioridades presupuestarias urgentes, incluyendo cubrir vacantes en el departamento de policía, obras públicas y proyectos de infraestructura que, según Cruz, ofrecerán empleos con salarios dignos y sindicalizados.
Sarah, la residente de San Pablo que habló durante la reunión, dijo que la ciudad sí tenía recursos, y citó como ejemplo el centro de entrenamiento policial frente al edificio del concejo, cuyo costo fue de $47 millones. De ese total, unos $10.4 millones provinieron del fondo general de la ciudad, $4.35 millones del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) y $28.8 millones de bonos de ingresos por arrendamiento.
Pineda propuso sin éxito que se añadieran mecanismos legales que permitieran a los inquilinos presentar quejas de forma privada, sin que la ciudad tuviera que gastar $1.2 millones en operaciones y aplicación.
Pabón-Alvarado dijo que esa propuesta convertiría a la ciudad en una especie de “Gran Hermano” y pidió a los abogados de derechos de inquilinos, en particular a Silverstein, que protegieran mejor a los residentes.
Pero, sin las herramientas propuestas por Pineda, el concejal argumentó que los abogados no tenían manera de hacer cumplir esas protecciones.
Todavía no está claro cuándo volverán al concejo las ordenanzas relacionadas con desalojos justificados y protección contra el acoso a inquilinos.
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