02 Oct ‘Nuestras vidas no son temporales’: crece el temor entre los venezolanos ante la incertidumbre sobre el futuro del TPS
(Foto por J. Stephen Conn / Flickr / CC BY-NC 2.0 licencia)
Por Roxsy Lin, American Community Media
Cuando Yoselyn Barboza regresó a Venezuela en 2016, después de un viaje al exterior, encontró a su pequeño hijo gravemente enfermo. Los médicos rápidamente lo diagnosticaron con amebiasis, una infección común que suele curarse fácilmente con antibióticos—al menos en la mayoría de lugares.
Pero en Venezuela escaseaban los medicamentos para ese entonces, así que el pediatra instó a Barboza a buscar tratamiento fuera del país, en la vecina Colombia.
Aunque sus familiares lograron conseguir a tiempo la medicina necesaria para tratar al niño, la experiencia dejó a Barboza profundamente marcada. “En el fondo tenía ese miedo de que mi hijo pudo haber muerto”, recordó, “y yo no poder hacer nada”.
Fue entonces cuando Barboza decidió emigrar a Estados Unidos.
‘Nunca hemos tenido un estatus permanente’
Desde 2014, más de 7.7 millones de venezolanos—cerca del 20% de la población del país—han huido de la nación, devastada por la escasez crónica de alimentos y medicinas, el colapso de los servicios públicos y la persecución política.
Se estima que unos 770,000 venezolanos viven ahora en Estados Unidos, de los cuales más de 600,000 han obtenido el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa federal que protege de ser deportadas, a personas presentes en el país cuando se considera que las condiciones en su país de origen son demasiado peligrosas para regresar.
El secretario o secretaria de Seguridad Nacional o Homeland Security (DHS), determina qué países califican para TPS, otorgando protecciones que duran 6, 12 ó 18 meses. La designación puede extenderse o terminarse, y los beneficiarios deben reinscribirse para mantener su estatus. Aunque el TPS otorga beneficios como permiso de trabajo y autorizacion de viaje, no ofrece un camino hacia la residencia permanente o a la ciudadanía.
En enero, la administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación del TPS para venezolanos, revirtiendo las extensiones otorgadas durante el gobierno del presidente Biden.
“Llevo 27 años viviendo en Estados Unidos y he tenido TPS desde 2001, cuando se le concedió a los salvadoreños”, dijo José Palma, co-coordinador de la Alianza Nacional TPS, una organización creada y dirigida por beneficiarios de todo el país. El grupo es el principal demandante en un caso que impugna la cancelación del TPS para venezolanos y haitianos.
“Nunca hemos tenido un estatus permanente. Siempre hemos vivido de año y medio en año y medio,” y agregó que: “Necesitamos una solución permanente porque nuestras vidas no son temporales”.
Cuando la designación del TPS termina, los beneficiarios vuelven al estatus migratorio que tenían antes. Esto significa, por ejemplo, que quienes eran indocumentados vuelven a ser sujetos a deportación.
A principios del verano, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que retiraría las protecciones de TPS para ciudadanos de Nepal, otorgándoles escasamente 60 días para abandonar el país, esto, sin considerar que muchos de los beneficiarios han vivido en los Estado Unidos por más de una década. El caso sigue en litigio, pero demuestra lo precario de las protecciones que brinda el programa.
‘¿Y si me llevan?’
El 5 de septiembre, poco antes de que expirara el TPS para venezolanos, el juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, falló en contra de la administración Trump, restaurando temporalmente la designación. Sin embargo, una semana después, el 11 de septiembre, la página web de USCIS aún no reflejaba la actualización.
Según la Alianza Nacional TPS, algunas personas fueron despedidas de sus empleos debido a la falta de actualización. Otros denunciaron que no podían reinscribirse porque Venezuela no figuraba en la lista de países elegibles.
Mientras tanto, la administración Trump apeló la decisión del juez Chen ante la Corte Suprema y la decisión final aún está pendiente.
La incertidumbre ha dejado a muchos beneficiarios en vilo.
Adriana, una venezolana con TPS quien nos pidió usar un seudónimo para proteger su identidad, describió vivir con un temor constante. “¿Y si me paran?, ¿y si me llevan?, ¿y si me piden los papeles?”.
Ante la incertidumbre, Adriana y su esposo se han estado preparado para lo peor. Vendieron su negocio—un camión de venta de comida venezolana—por si se ven obligados a dejar el país de manera repentina.
“Es triste porque uno piensa en todo el sacrificio que hizo para lograr tenerlo y en el esfuerzo que se hizo para hacerlo crecer”, indico Adriana.
Pese al fallo del juez Chen, muchas personas han sido detenidas y permanecen bajo custodia, según reportó el Miami Herald. Uno de los casos examinados involucra a un hombre de Florida arrestado el mismo día en que se anunció la extensión del TPS para venezolanos y haitianos.
El abogado de inmigración Anthony Domínguez, quien representa a Cleimber Rojas García—detenido desde junio—dijo al Herald que considera ilegal la detención de su cliente y de otros beneficiarios de TPS. Señaló el estatuto que claramente establece: «El extranjero a quien se le haya concedido el estatus de protección temporal […] no deberá ser detenido por el Fiscal General por motivos relacionados con su situación migratoria en los Estados Unidos».
Según el Consejo Americano de Inmigración ( American Immigration Council), los beneficiarios de TPS contribuyeron con más de $2,2 billones en impuestos a la economía de del país en 2021, incluyendo casi $1 billón en gobiernos estatales y locales.
Trump apunta a los venezolanos
El expresidente Trump ha señalado en repetidas ocasiones a los venezolanos, promoviendo la narrativa de que los beneficiarios de TPS estarían vinculados al grupo criminal transnacional “Tren de Aragua” y que su expulsión del país es un asunto de seguridad nacional, una afirmación que el juez Chen rechazó de manera contundente según muestran documentos judiciales.
“No hay evidencia de que los beneficiarios de TPS venezolanos sean miembros de la banda TdA, tengan conexiones con ella y/o cometan delitos”, señaló Chen. “Los beneficiarios de TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general”, añadió, subrayando que estigmatizarlos como criminales “tiene un tinte racista”.
La retórica de Trump también coincide con el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe y los bombardeos extrajudiciales de varias embarcaciones venezolanas, que si presentar pruebas, algunos funcionarios estadounidenses, han indicado eran usadas para traficar drogas.
Cientos de venezolanos han sido arrestados y continúan detenidos, según el Miami Herald, desde la orden judicial de Chen.
“Están haciendo todo lo posible para volver ilegales a la mayor cantidad de venezolanos, para enviarlos de regreso a un país que ellos mismos dicen está gobernado por un cartel del narcotráfico”, dijo Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, compañeros de la Alianza Nacional TPS en la demanda contra la administración.
“Los argumentos legales creo que están disponibles, la pregunta es si la Corte Suprema va a tomar decisión en base a la ley o a su propia orientación política”, señaló Palma, de la Alianza Nacional TPS.
Incluso si la Corte Suprema rechaza la petición del gobierno de revocar las protecciones a los venezolanos, Ferro advierte que “todo lo que ganamos es tiempo hasta octubre de 2026”, cuando expiran las protecciones actuales.
Mientras tanto, se muestra escéptica de que el programa sea renovado bajo esta administración y exhorta a los venezolanos a consultar con abogados de inmigración para explorar otras vías legales que les permitan permanecer en el país.
Roxsy Lin es un miembro de California Local News Fellowship.
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